El ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recogerá en un real decreto los requisitos mínimos que deben cumplir las zonas de bajas emisiones (ZBE)una vuelta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidió anular la de Barcelona.

Este real decreto servirá para evitar nuevos problemas a la hora de fijar estos espacios que están previstos de forma obligatoria por la Ley de Cambio Climático en las poblaciones de más de 50.000 habitantes a partir del 2023. En su momento el ministerio ya elaboró ​​unas directrices, publicadas el pasado 18 de noviembre, “para que puedan utilizarse como guía por parte de las entidades locales puedan diseñar e implantar estas áreas”.

Precisamente estas directrices se guían mucho por las actuaciones llevadas a cabo en Barcelona, ​​donde de momento no se paralizará la ZBE al haber presentado el ayuntamiento un recurso de casación contra la decisión del TSJC, a la espera de la sentencia final, que corresponde en el Tribunal Supremo.

El tribunal anuló formalmente el pasado 21 de marzo la ordenanza municipal que regula la ZBE de la ciudad por “deficiencias en su elaboración, falta de informes determinantes y por ser excesivo en el ámbito geográfico de aplicación y en el tipo de vehículos excluidos”, según decía la sentencia.

Esta sentencia generó mucha incertidumbre entre los municipios que estaban ya en proceso de establecer una ZBE. Una de las críticas de la sentencia se refiere a la «excesiva extensión» y «el carácter uniforme de las restricciones» de la ZBE, que ocupa 95 kilómetros cuadrados repartidos entre los municipios de Barcelona, ​​Sant Adrià de Besós, Hospitalet de Llobregat y parte de Esplugues y Cornellà, cuando sólo dos de las once estaciones de medición de la calidad del aire -Eixample y Gràcia- superan los límites de contaminación europeos.

Por el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badiala apreciación judicial es un «error conceptual» porque «estas dos estaciones son representativas del 70% de la población, que vive en una tipología de calles similares a aquellas en las que se encuentran los medidores».

El concejal también ha reprochado que la sentencia no vea justificación en el etiquetado de los vehículos, ya que «tanto la Unión Europea como el estado español lo describen como una buena herramienta para detener la contaminación del aire».

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