«Son líderes políticos de una minoría nacional, la catalana, que está siendo objeto de una represión y persecución por esta causa», ha empezado diciendo Gonzalo Boye. El abogado ha hablado en representación de Carlos Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comíny su compañera, Isabel Elbalde Clara Ponsatí. Se han repartido la representación del exilio en Bruselas. Y en el arranque de su intervención, Boye ha querido dejar claro a los quince jueces de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuál es el marco en el que hay que definir la causa que tienen entre manos: la represión del independentismo, y de los dirigentes políticos de la minoría nacional catalana; la represión brutal del referéndum, el encarcelamiento de dirigentes sociales y políticos, incluida la presidenta del parlamento. Y lo ha dejado claro porque éste es el escenario que espera a los exiliados si son entregados a las autoridades españolas.

Boye ha centrado su intervención en una cuestión técnica pero muy importante para dar validez al argumento del riesgo de vulneración de derechos fundamentales para denegar una euroorden como la de Lluís Puig, o cómo puedan venirlas. Existe una sentencia reciente del TJUE, de principios de este mismo año, sobre la denegación de la extradición de dos ciudadanos neerlandeses a Polonia con el argumento de riesgo de violaciones de derechos fundamentales. El tribunal dice estar justificada la denegación si el juez que debe tomar la decisión fundamenta el riesgo de estas vulneraciones en un doble examen, primero de la existencia de un riesgo sistémico en el estado emisor del euroorden (en aquel caso (Polonia) y, segundo, de las violaciones de derechos que puede sufrir particularmente la persona interesada en su caso, lo que debe documentar y acreditar.

La parte más intensa de la intervención de Boye se ha focalizado en precisar esto, porque España no es equiparable a Polonia en cuanto a constatación de fallo sistémico que derive en riesgo de vulneraciones de derechos fundamentales. Y esto había que precisarlo, por lo que Boye ha recordado que hay también precedentes juzgados por el TJUE que dejan claro que no es imperativo este doble examen, que es suficiente con acreditar que aquella persona corre un riesgo evidente de ver vulnerados sus derechos. «El riesgo particular no dependen de las deficiencias sistémicas», decía Boye, que recordaba ambas sentencias, una del TJUE y otra del TEDH, que el ponente del tribunal, el danés Lars Bay Larsen, ha indicado a las partes como referenciales . Estas sentencias fijan el límite del principio de cooperación entre estados en materia judicial cuando existe precisamente el riesgo de vulneración de derechos, y sin necesidad de aplicar un doble examen, sin necesidad de acreditar una deficiencia sistémica del estado que pide la euroorden.

Según Boye, tanto para el TJUE como en el TEDH “el test verdaderamente determinante es la existencia de razones sobre un riesgo vulneración derechos fundamentales. Y esto ocurre aquí ahora, sin que el juez haya disipado las dudas al respecto.”

El abogado ha dado argumentos sobre la falta de imparcialidad del juez Llarena y del Tribunal Supremo, de la constatación del riesgo que correrían los exiliados si fueran entregados a España. “Esto pretende a España, encarcelar a los exiliados durante meses o años sin juicio (…). Carles Puigdemont ha sido sometido a tres euroórdenes, las dos últimas siendo miembro del Parlamento Europeo, no ha podido pisar su circunscripción porque España nunca ha respetado su inmunidad parlamentaria, como hizo con Junqueras, y dictando sentencia antes de que se pronunciara el Tribunal. Toni Comín también fue detenido en el 2019 por la euroorden cuando ya era eurodiputado. Y Llarena mantiene las euroórdenes y órdenes de detención aunque el europarlamento no ha suspendido toda su inmunidad”.

Y ha defendido la validez del informe del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU para acreditar que «el juicio (del proceso) fue una farsa», y que es eso que hizo Bélgica. Boye recordó que en la actualidad uno de los magistrados del TC español, Enrique Arnaldo, que va tomando decisiones sobre los exiliados, había pedido públicamente el encarcelamiento de Puigdemont. «seguro que nadie de vosotros se hubiera sentado a decidir sobre ellos si hubiera hecho declaraciones públicas pidiendo prisión», ha dicho Boye dirigiéndose al tribunal.

Boye ha pedido al TJUE que detenga ya esa persecución judicial, que no puede que Llarena vaya emitiendo y retirando euroórdenes según su conveniencia contra unas mismas personas. “Esto debe acabar, y debe acabar aquí.”

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