El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado hoy una sentencia sobre los casos en los que está justificada la denegación de una euroorden que significa un precedente muy claro e importante para los exiliados. Esta sentencia responde a unas cuestiones prejudiciales presentadas por la justicia de los Países Bajos, por las dudas sobre la conveniencia de entregar a dos ciudadanos polacos reclamados mediante una euroorden a la justicia de su país. Los jueces neerlandeses veían que existía un riesgo real de vulneración de los derechos de estos ciudadanos si eran extraditados, concretamente del derecho de un juez pre-establecido por la ley. La respuesta del TJUE es que los jueces del país al que va dirigida la euroorden tienen la obligación de examinar todos los elementos aportados por la persona afectada para decidir si le es vulnerado el derecho de un juez imparcial.

Pero la cuestión más importante es cómo lo concreta, el tribunal: dice que los jueces del estado de ejecución de la euroorden (en este caso, los Países Bajos) deben comprobar, de acuerdo con la información facilitada por la persona buscada, cuál es la composición del órgano jurisdiccional que debería juzgarla, y si de ahí se desprenden evidencias sobre la falta de imparcialidad del tribunal. Y en este sentido, señala la importancia de saber cómo se han designado estos jueces, qué vínculos puede haber con el poder político y qué circunstancias personales aporta el afectado. Más aún: la sentencia dice que también hay que tener en cuenta la capacidad que ha tenido esta persona de recusar a estos jueces, y cuál es el resultado de este proceso de recusación.

El TJUE dice que es necesario “comprobar si existen motivos fundamentados para creer que, teniendo en cuenta la información facilitada por el interesado sobre su situación personal, la naturaleza de la infracción por la que se le persigue, los antecedentes del orden de detención europea, existe un riesgo real de vulneración de este derecho fundamental”. Y entre los elementos a tener en cuenta sobre la posible falta de imparcialidad del tribunal que deberá juzgarla, el TJUE menciona específicamente las declaraciones y posicionamientos públicos que hayan hecho los miembros que formen parte.

Todo ello constituye un precedente muy importante para Carlos Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig (y, de rebote, el resto de exiliados) en el procedimiento abierto por las preguntas prejudiciales enviadas por el juez Pablo Llarena en el TJUE para saber en qué casos se pueden denegar las euroórdenes. Este procedimiento, todavía en tramitación, y pendiente ahora de una fecha para la vista oral, comenzó como una reacción de Llarena a la denegación definitiva por parte de Bélgica de la extradición de Lluís Puig a España. Una decisión fundamentada precisamente con el argumento del riesgo real que los jueces belgas comprobaron que había que a Puig le fuera vulnerado el derecho del juez preestablecido por la ley, del juez imparcial y del derecho de la presunción de inocencia. Y lo hicieron teniendo en cuenta justamente declaraciones públicas de dirigentes políticos españoles, y las advertencias hechas, entre más, por el grupo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas.

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