Lillo pide diálogo para realizar las conducciones de regadíos en la presa de Siles

​La Junta tendría que renunciar a sus derechos y deberes sobre el proyecto y ser declarado de interés general para que lo pudiera ejecutar el Estado
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El subdelegado del Gobierno ha salido al paso de las recientes declaraciones de altos cargos de la Junta de Andalucía, especialmente de su delegada del Gobierno en Jaén, que niegan las competencias de la Administración Andaluza para la realización de ese proyecto, interpretando de forma errónea la legislación existente, especialmente la Ley de Aguas de 2001 y el Real Decreto de 1984 sobre el traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de abastecimiento, saneamientos, encauzamientos, defensa de márgenes y regadíos.


El subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, confía en que la Junta de Andalucía recapacite sobre su negativa a hacerse cargo de la construcción de las conducciones para regadío de la presa de Siles, una competencia que le fue cedida por el Estado en 1984. “Si ustedes son incapaces de cumplir con sus obligaciones –ha señalado Lillo, dirigiéndose a los responsables de la Administración autonómica-, desde el Gobierno de España estamos dispuestos a realizar las obras, pero tiene que cedernos el paso la Junta, que tiene el derecho y la obligación de hacerlas”.



Juan Lillo ha lamentado que la Junta haya provocado esta polémica entre administraciones y, sobre todo, que intente sembrar la confusión entre los agricultores con el único objetivo de eludir sus obligaciones y dirigir sus carencias y desaciertos contra el Gobierno de la nación. No obstante, se ha mostrado partidario de buscar soluciones mediante el diálogo y tratar de alcanzar un acuerdo.



En este sentido, el subdelegado ha apuntado que las obras de las conducciones podrían ser asumidas por el Estado, siempre que fueran declaradas previamente como de “interés general”, como refleja el artículo 148 de la Constitución Española. Para ello propone a la Junta de Andalucía sentarse a hablar y que haga una cesión de derechos sobre el proyecto, para que de esta forma la actuación sea declarada de “interés general” y puedan intervenir los organismos competentes del Estado. “Si la Junta –ha dicho- no tiene capacidad, nosotros no tenemos inconveniente en tomar el relevo y hacerlas, una vez que renuncie a los derechos y obligaciones que tiene”.


Previamente, el subdelegado del Gobierno ha expuesto las razones legales que demuestran que las obras referidas a riegos son competencia autonómica y no estatal. En lo que se refiere a la Ley de Aguas de julio de 2001, Juan Lillo ha explicado que su artículo 46 dice que son obras hidráulicas de interés general y, por tanto, competencia de la Administración General del Estado (AGE), las “necesarias para la regulación y conducción del recurso hídrico”, es decir del río y de su cauce, pero en ningún caso aquellas de infraestructuras para riegos.



También, ha añadido, serán competencia de la AGE las actuaciones de corrección hidrológico forestal que afecten a más de una comunidad autónoma, es decir las necesarias para mantener el cauce del río en perfectas condiciones de evacuación del agua y mantener el ecosistema forestal en las riberas de los mismos, pero en ningún caso las necesarias para los regadíos. Sobre este punto, Juan Lillo se ha remitido al real decreto de 1984 sobre traspaso de competencias a la Comunidad Andaluza que precisa entre éstas las de “programar, aprobar y tramitar, hasta el abono de las certificaciones, las inversiones de su interés en materia de regadíos”.



De igual modo, la Constitución Española en su artículo 149 reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, cuando las obras discurran por más de una comunidad autónoma, lo que no es el caso dado que los futuros regadíos de la presa de Siles solo afectan a la provincia de Jaén.



Por otra parte, el subdelegado ha insistido en aclarar que los futuros regadíos de la presa de Siles comprenderán un total de 3.500 hectáreas, con una dotación de algo más de 6 hectómetros cúbicos al año (1.750 metros cúbicos por hectárea), por acuerdo unánime de la junta de gobierno de la CHG tomado el 28 de julio de 2005, teniendo en cuenta los estudios técnicos realizados. Aquel acuerdo fue comunicado a la Unión Europea, que autorizó aquella dotación, y no otra, y acordó entonces financiar la construcción de la presa con fondos FEDER.



Para Juan Lillo es incomprensible, por falta de estudios justificativos que la apoyen, la actual reivindicación de ampliar la dotación para esos riegos hasta los 15 hectómetros cúbicos. Esta exigencia, encabezada por el PSOE, y que tendría que contar con la aprobación de la UE, supondría “tener que mover los parámetros de aportación de todos los embalses de la cuenca, y eso es prácticamente imposible”, argumenta el subdelegado del Gobierno, para quien sí es digna de estudio una propuesta de los agricultores de la zona a los técnicos de la CHG.



Esta proposición plantea que los 1.750 metros cúbicos por hectárea consignados en el Plan de Riego podrían reducirse a la mitad, por lo que la superficie susceptible de riego podría pasar entonces de 3.500 a 7.000 hectáreas. “Esta solución es perfectamente viable y se podía trabajar a la hora de la asignación de caudales de riego a comunidades de regantes o particulares que soliciten agua para riegos”, ha comentado Juan Lillo.