La FAMP impulsa la Red Andaluza de Gobiernos Locales por la participación ciudadana y la calidad democrática ciudadana

Villalobos subraya que “la participación ciudadana es un componente esencial en la construcción democrática ya que fortalece y legitima a los gobiernos locales contribuyendo a su eficacia y a la buena gestión pública”
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El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha destacado hoy que desde “los gobiernos locales estamos siendo testigos de un avance en el campo de la participación ciudadana y en el fortalecimiento de la democracia, que debemos ayudar a consolidar. Por este motivo, desde la Federación “deseamos impulsar la Red Andaluza de Gobiernos Locales por la Participación Ciudadana y la Calidad Democrática en Andalucía”.


“Esto implica un compromiso de los Gobiernos Locales por un sistema eficaz de acceso a la información y rendición de cuentas, con la finalidad de hacer de la participación ciudadana un verdadero proceso de cambio de nuestros pueblos y ciudades”, argumentó Rodríguez Villalobos quien apuntó que “a través de esta iniciativa, se buscará crear conciencia acerca de la necesidad de la participación ciudadana, involucrando a la ciudadanía organizada en clave de buen gobierno e igualdad. Así como animar a la ciudadanía al acceso de las herramientas para la co-creación, co-diseño y co-producción de soluciones, utilizando las tecnologías; el fomento del uso de datos abiertos, la innovación social y el Gobierno Abierto apoyando la construcción de “ecosistemas participativos”.



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Desde la Red Andaluza de Gobiernos Locales por la participación ciudadana y la calidad democrática en Andalucía “trabajaremos para facilitar laparticipación ciudadana en la administración local” para proporcionar la información y los conocimientos. De esta manera “nos coordinaremos con las distintas administraciones públicas y actores locales con el objetivo de conseguir que la ciudadanía tenga las mismas oportunidades para opinar, expresar y participar en los asuntos públicos”, manifestó Rodríguez Villalobos.


La misión de la FAMP, según ha subrayado, es “procurar la mejora de los servicios públicos locales, cooperando con la Junta de Andalucía y acercando la Ley de Participación Ciudadana a los gobiernos locales” con formación y capacitación para responsables políticos y personal técnico; así como, el asesoramiento a nuestros adheridos. Para ello, “contamos con 3 herramientas” que son “importantes en este proceso”: el Observatorio de Participación Ciudadana de la FAMP, la Estrategia Local de Gobierno Abierto y Procesos Participativos, y su Hoja de Ruta correspondiente en torno a “Gobierno Abierto y Procesos Participativos en la Administración Local”.


Rodríguez Villalobos también “ha animado” a todas las corporaciones locales andaluzas a sumarse a la Red Andaluza de Gobiernos Locales por la Participación Ciudadana y la Calidad Democrática en Andalucía. La próxima cita, tendrá lugar en San Fernando (Cádiz) el próximo 20 de septiembre. Ya está disponible el avance de Programa. Podrá acceder a la información a través del siguiente enlace.


Las Entidades Locales comienzan a tomar conciencia de que la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos es una necesidad surgida de la crisis de representatividad polítical. Esta crisis de legitimidad que padecen nuestros sistemas democráticos, supone para los municipios abordar nuevos retos que favorezcan el tránsito de los tradicionales modelos que van de “los gobiernos burocráticos” a “la gobernanza democrática” en los que el gobierno y las administraciones públicas ocupan un papel de liderazgo y mediación entre los diversos actores sociales; por tanto, estamos asistiendo a la creación de nuevas fórmulas de poder compartido que hace posible afrontar nuevos retos sociales.


La participación ciudadana es una estrategia que promueve y fomenta la implicación de la ciudadanía en las políticas públicas. La participación ciudadana en los asuntos públicos es un derecho constitucional. El Artículo 9.2 de la Constitución Española (C.E) consagra el deber de los poderes públicos de fomentar la participación ciudadana, cuando expone que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».


La Constitución Española atribuye el carácter de derecho fundamental al derecho a la participación establecido en el artículo 23.1, según el cual «los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Como derecho, es necesario regularla generando mecanismos que posibiliten su ejercicio.


Por su parte el Estatuto de Autonomía de Andalucía dedica innumerables referencias directas e indirectas a la participación ciudadana desde diferentes ópticas y dimensiones. La norma institucional básica de la Comunidad Autónoma “está influenciada por la idea de la participación, lo que muestra una especial preocupación institucional del “estatuyente andaluz” por fortalecer la calidad institucional y dotar de instrumentos complementarios a la democracia representativa”.


La participación ciudadana se convierte en objetivo de la Comunidad Autónoma cuando en el artículo 10.19 del Estatuto de Autonomía recoge como tal «la participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así como, la participación individual y asociada en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político, en aras de una democracia social avanzada y participativa.


La participación ciudadana tiene un “carácter transversal y ello plantea la necesidad de potenciar este concepto desde la cooperación interadministrativa y el trabajo en Red”. El grado de complejidad de las sociedades contemporáneas requiere del concurso de los diversos actores sociales y de la ciudadanía para la regulación de la vida social. La legitimidad de un gobierno democrático y la eficacia de sus funciones dependen hoy, en buena medida, de su capacidad de concertación con los distintos grupos de la sociedad y de su capacidad para garantizar a éstos su condición de ciudadanos.


“La participación ciudadana es un componente esencial de la construcción democrática ya que fortalece y legitima al gobierno local y contribuye a su eficacia, a su buena gestión; de esta manera, se consigue una mayor legitimidad de las políticas y la gestión públicas”, concluyó Rodríguez Villalobos.